Condenan al Ayuntamiento de Carboneras a pagar 35.000 euros por montar el ferial en la playa

El Servico Provincial de Costas incoó expediente sancionador al Consistorio por ocupar sin autorización 3.500 metros cuadrados de zona de dominio público marítimo-terreste

El Ayuntamiento de Carboneras ha sido condenado a pagar una multa de 35.000 euros por instalar sin autorización el ferial de las fiestas de San Antonio celebradas en junio de 2015 sobre la arena de la playa de Los Barranquicos.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), consultada por Europa Press, confirma por ser conforme a derecho la sanción acordada por el Servicio Provincial de Costas, que incoó expediente sancionador por ocupar 3.500 metros cuadrados de zona de dominio público marítimo-terreste.

El consistorio carbonero recurrió la resolución y, entre los argumentos, esgrimió que la feria no puede tratarse como una «unidad o instalación gigante» de 3.500 metros cuadrados ya que se trata de una actividad «donde puede haber ocupación del dominio público sin instalación alguna».

El Alto Tribunal andaluz remarca, no obstante, que frente a la alegación de que «no hay ejecución de instalaciones», le basta «acudir a cualquier de las fotografías unidas a la denuncia, donde, de forma clara y sin lugar a dudas, se observa de forma notoria que hay atracciones de feria, como un carrusel o tiovivo, y otras atracciones».

«Es manifiesto que tales instalaciones no autorizadas en el dominio público marítimo terrestre con motivo de las conocidas como ‘Fiestas del pescador’ integran el tipo de infracciones graves», subraya el fallo, que añade que si bien «no todas las instalaciones de la feria conforman una unidad entendida como una instalación gigante, sí que hay una unidad resultante del conjunto de las instalaciones diversas integradas en una misma feria».
Tras concluir que es, por tanto, de una infracción grave, ratifica también como conforme a derecho la cuantía de la multa que el Ayuntamiento pedía subsidiariamente se situase en 487,5; 1.953,30 o 5.520 euros.
El TSJA ve «correcta» la aplicación del porcentaje del 50 por ciento del valor de las obras ejecutadas en dominio público y que, por tanto, se calcule el valor de las instalaciones en 20 euros por metro cuadrado y día.
«Es una cuantía objetiva y proporcionada», señala al tiempo que rechaza que sea un «método válido» el que propone el ayuntamiento de calcular el valor por el coste del montaje y el desmontaje ya que deja fuera del cálculo «el tiempo de su permanencia y el uso entre una y otra operación».
Tampoco considera el tribunal que concurra la atenuante de haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción, lo que podría reducir la multa a la mitad, ya que, como apunta la Abogacía del Estado, «necesita de un requerimiento que no se ha producido en este caso, pues las instalaciones de la feria fueron desmontadas cuando la propia feria terminó sin que hubiera requerimiento de la Administración estatal».
En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo (PSOE), ha lamentado esta sentencia «tan negativa» y ha criticado la «inoperancia» del equipo de gobierno que entonces encabezaba Salvador Hernández con Felipe Cayuela como concejal de Fiestas.
«Solo nos faltaba esta sanción a las arcas municipales con los tiempos que corren», ha afirmado Amérigo, quien ha añadido que se trata de «una muestra más» de la «nefasta gestión» del gobierno de Gicar.
Para el regidor, tanto su antecesor, como quien ahora ostenta la portavocía de ‘Carboneras Avanza’, Felipe Cayuela, «sabían perfectamente que no podían trasladar allí el ferial y, aún así, lo hicieron desde la inoperancia».
Ha reprochado que sean «ahora los carboneras, cuando se necesita liquidez más que nunca, los que tengan que pagar las consecuencias» y ha trasladado que barajan «fórmulas» para recuperar el dinero que pasarían por pedir «responsabilidades patrimoniales».
Amérigo ha descartado la presentación de recurso de casación al Tribunal Supremo ya que, según ha explicado, «lo desaconsejan los servicios jurídicos, que advierten de que, además, podríamos ser condenados a costas como ahora». «Tendrán que dar explicaciones los responsables porque sabían perfectamente que no lo podían hacer», ha concluido.