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La DGT declara la guerra al móvil en la carretera: estas acciones te meterán en un problema

La DGT declara la guerra al móvil en la carretera: estas acciones te meterán en un problema

La Fiscalía estudiará una posible reforma legal que podría incorporarse a la ley de Seguridad Ciudadana o a la ley de Tráfico.

El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha avanzado este jueves que estudia una reforma que regule el «vacío legal» existente en torno a la proliferación de aplicaciones de móvil que alertan a los conductores de controles de velocidad, alcohol y drogas en las carreteras.

Vargas ha sugerido esta reforma -«que tiene que ser muy meditada»- en una rueda de prensa en la que ha destacado que ha remitido un oficio a todas las policías de tráfico para que le informen «exhaustivamente» sobre las aplicaciones existentes, fundamentalmente de móvil, que alertan a conductores de los puntos de controles policiales.

La fiscalía pretende que las policías le informen de cuáles son las app y herramientas tecnológicas que siguen estas prácticas en sus territorios, su ‘modus operandi’ y los daños o perturbaciones que ocasionan a los controles referidos y las fuentes de las que obtienen la información.

Con ella, la Fiscalía estudiará una posible reforma legal que podría incorporarse a la ley de Seguridad Ciudadana o a la ley de Tráfico, si bien no ha precisado si esta modificación supondría la prohibición de estas aplicaciones.

«En el control se salvan vidas, se salvan la vida del conductor, de los ocupantes y de terceras personas», ha enfatizado Vargas antes de reiterar que estos avisos están produciendo un perjuicio grave a la seguridad vial pues la estabilización de los datos de siniestralidad pueden estar relacionados con la ineficacia de estos controles.

El fiscal coordinador de Seguridad Vial ha lamentado que estos preavisos obliguen a los agentes a realizar controles muy cortos porque las aplicaciones enseguida cazan su presencia, sin olvidar que estas alertas pueden permitir también que delincuentes se sustraigan a la acción policial.

«Hay un vacío legal y por eso el fiscal pide un informe exhaustivo sobre lo que está sucediendo», ha apostillado Vargas que ha dejado claro que una posible reforma legal debe cumplir con el equilibrio entre «la libertad y la seguridad vial».

Sea como fuere, ha insistido Vargas, «no debe impulsarse la cultura de que pasado un radar se pueden infringir los límites legales de velocidad», ya que hay un porcentaje no desdeñable de conductores que tras el aviso de una app van preparados «para dar rienda suelta a la velocidad».

También ha aprovechado el fiscal para abordar la problemática creciente en las ciudades en torno al fenómeno de los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos, aún sin regular. Vargas ha subrayado que los policías pueden inmovilizar estos vehículos si el conductor circula temerariamente o provoca un riesgo para el peatón.

Ha recordado a las policías municipales que pueden ejercer sus facultades de retirada y depósito del vehículo implicado, es decir, de la bici y del patinete y que la negativa de sus conductores a someterse a controles de alcohol y drogas es sancionable.

Y cuando un ciclista o un conductor de patinete estén implicados en un accidente con resultado grave para un peatón, los agentes deberán levantar un atestado pro un delito de imprudencia grave en el caso de se compruebe un mal estado del vehículo o del conductor, como por ejemplo que vaya bebido o drogado o si lleva auriculares puestos, así como si circula con riesgo para los viandantes.

Respecto al uso del móvil al volante, el fiscal de Seguridad Vial también ha lanzado un recordatorio sobre el oficio que en julio remitió a las policías de tráfico para que estas pudiesen solicitar al juzgado correspondiente autorización para investigar los datos del teléfono y discernir si el conductor implicado en un siniestro estaba hablando en ese momento o inmediatamente antes

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