Detenido en Tenerife por intrusismo y falsedad documental en el ámbito de la seguridad privada
Esta persona, hace semanas, fue denunciada por haber firmado un plan para un evento desarrollado en la localidad de Adeje sin estar habilitado para ello
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 54 años, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de falsedad documental en el ámbito de la seguridad privada. Los investigadores, tras ser alertados por empresas del sector, detectaron servicios que suponen intrusismo en el ámbito de la seguridad privada, como la elaboración y firma de planes de seguridad, ofrecidos por una falsa empresa que no contaba con la habilitación administrativa correspondiente para este tipo de actividades.
Se presentaba como comercial
El investigado se presentaba ante las empresas como comercial de seguridad privada. Aprovechando sus contactos personales, y ofrecía servicios y ofertas en este ámbito a través de diferente documentación falsa utilizada para generar confianza en los posibles clientes. Dichos servicios, al parecer, eran prestados por empresas pantalla no autorizadas para ello por la autoridad administrativa correspondiente.
Esta persona, hace semanas, fue denunciada por haber firmado un plan de seguridad para un evento desarrollado en la localidad de Adeje sin estar habilitado para ello. La Policía Nacional, una vez comprobados los hechos, procedió a su detención y, tras ser oído en declaración dependencias policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
El caso en manos de la Policía
La Dirección General de la Policía ejerce la competencia en el control de la seguridad privada a través de unidades especiales. Prestar servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización. Contratar servicios de seguridad privada a personas o empresas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente supone una infracción muy grave contemplado en el artículo 57 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, y las autoridades competentes podrán imponer, entre otros, multa de 3.001 a 30.000 euros.
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