• Un juzgado cita a declarar a empleados de Bastión Desokupación tras una denuncia por presuntos delitos de allanamiento y amenazas; la versión que dieron los demandados a la Policía no recoge ninguna de las acusaciones recibidas

La Justicia investiga a tres trabajadores de la empresa Bastión Desokupación. El juzgado de instrucción número 37 de Madrid les ha citado este miércoles a declarar tras ser denunciados por allanamiento de morada y amenazas. El demandante, Modou (nombre ficticio), de origen senegalés y con residencia en nuestro país, asegura que estos empleados entraron en su domicilio sin autorización y que uno de ellos se identificó como policía. Además, se desmarca de las acusaciones de okupación y asevera que cuenta con una moratoria hipotecaria. Sin embargo, la versión de los trabajadores de la empresa ‘desokupa’ no recoge ninguno de los hechos denunciados, ni amenazas ni violencia por su parte.

La actuación investigada se produjo el pasado 7 de junio de 2021 en un domicilio del barrio de Arganzuela (Madrid), en el que Modou y su familia llevan residiendo desde hace quince años. La actuación arrancó cuando el denunciante escuchó “un fuerte golpe en la puerta de la vivienda”, según la documentación del caso a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

El inquilino estaba durmiendo “profundamente” cuando escuchó este sonido. Trabaja de noche y a las 10 de la mañana, momento en el que se produjeron los hechos, Modou estaba descansando tras su jornada laboral. “Me despertaron. Salí con el pijama”, cuenta a elDiario.es. En ese momento: “Uno de ellos me dijo que era policía y me enseñó una placa”.

Entraron “sin autorización alguna”

Esta misma declaración fue la que prestó en una comisaría, horas después de los hechos investigados. “No pudiendo el denunciante confirmar si se trataba de un oficial del CNP [Cuerpo Nacional de Policía] y sin dar más explicaciones al declarante, estos cuatro individuos le empujan hasta el interior de la vivienda”, recoge la denuncia policial presentada por el inquilino.

Por lo tanto, el acceso de los denunciados al domicilio, según expuso a los agentes, se produjo “sin autorización alguna”. En conversación con elDiario.es añade algún detalle más, como que los trabajadores “entraron en todos los cuartos” de la casa y “despertaron a los niños”.

“Me pidieron la documentación. Se la enseñé”, detalla a esta redacción. El objetivo de los denunciados era instar a Modou y a su familia a que se marchasen porque eran okupas, según declaró hace dos meses el inquilino en el juzgado de instrucción. Aunque el denunciante cita a cuatro personas, solo tres fueron identificadas por la Policía Nacional cuando se desplazó al lugar de los hechos.

La versión que dieron los denunciados ante la Policía es totalmente distinta a la que aporta Modou. Desmienten el allanamiento de morada y aseguran que fueron invitados a entrar en la vivienda por uno de los moradores del domicilio, tal y como recoge el atestado policial. Ya una vez en el salón, pretendían “llegar a un acuerdo de toma de posesión voluntaria y pacífica de la vivienda con los moradores”. elDiario.es ha intentado recabar la versión de los denunciados, a través de su abogado y de la empresa Bastión Desokupación, sin haber obtenido respuesta por el momento.

Los denunciados desmintieron las acusaciones ante la Policía

La defensa de Modou defiende que los hechos son constitutivos de delitos de coacciones, usurpación de funciones y allanamiento de morada. Para la magistrada del juzgado de instrucción número 37 de Madrid, esta actuación presenta “características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. En esta línea, ha decretado la apertura de diligencias y ha citado a declarar a los tres empleados de Bastión Desokupación identificados en su intervención.

En la investigación que está realizando el juzgado también ha declarado como testigo uno de los policías que acudió al domicilio. Ante las acusaciones de Modou, que asegura que por lo menos uno de los trabajadores de esta empresa ‘desokupa’ le enseñó una placa y se identificó como policía, este agente destacó el mes pasado que “en el cacheo de seguridad no se encontró nada en poder de ninguno de los denunciados que pudiera inducir a confusión con una placa identificativa del Cuerpo Nacional de Policía”. Sin embargo, sí que se detectó que “uno de los denunciados tenía una tarjeta en la que ponía que era perito judicial”.

Son los agentes los que vinculan a los denunciados con la empresa Bastión Desokupación. Una de las personas identificadas en la intervención policial en el domicilio de Modou es identificada como “responsable” de esta compañía. Su misión, según detallan a los agentes, consistía en “realizar una mediación con los moradores para que estos abandonen la misma y la pueda utilizar el propietario”. En el atestado policial no hay información sobre la empresa que en el momento de los hechos era dueña del piso en el que reside el denunciante junto a su familia.

Dos de los trabajadores ya fueron condenados

Dos de los empleados que están citados por la Justicia en calidad de investigados ya fueron condenados en septiembre de 2021 por el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid. Como adelantó elDiario.es, la Audiencia Provincial confirmó la sentencia emitida por un delito leve de coacciones y una multa de 90 euros a cada uno de ellos. En esta causa, la magistrada consideró probado que los acusados utilizaron en ese momento una actitud intimidatoria para conseguir que una mujer abandonase una casa en el barrio de San Blas (Madrid) a cambio de 1.200 euros. 

Este miércoles, los tres empleados que han sido identificados tendrán que declarar “en calidad de investigados”, como estipula el auto emitido el 2 de septiembre por el juzgado de instrucción número 37 de Madrid. En su exposición, tanto policial como judicial, el denunciado llegó a plantear que en el momento de los hechos se llegaron a producir forcejeos ante su negativa “a abandonar la vivienda”. El desencuentro terminó con una intervención policial y con una visita dos días después al centro de salud.

En el parte de lesiones que emitió la facultativa de Modou, la doctora de Atención Primaria realizó un resumen de lo sucedido en su domicilio y constató una lesión en el primer dedo de la mano derecha. “Me cogieron de la mano y me intentaron sacar de casa. Otro me dio una patada”, explica el demandante a esta redacción. Los policías que han declarado como testigos aseguraron en el juzgado que no apreciaron si el denunciante presentó alguna lesión.

Los denunciados también describen forcejeos, aunque su versión es distinta. La disputa arrancó cuando amenazaron con hablar con la Policía, según la declaración policial prestada por los trabajadores de la empresa Bastión Desokupación. En ese momento, los moradores comenzaron a “forcejear con los empleados hasta que finalmente logran salir de la vivienda con gran dificultad”. Aunque se les informó “de los pasos a seguir”, descartaron “interponer denuncia”. 

Concedida la moratoria hipotecaria

La vivienda donde se produjeron los hechos denunciados fue adquirida por Modou en 2007. Durante cinco años pudo hacer frente al pago de la hipoteca. Sin embargo, en 2013, tras el azote de la crisis económica de 2008, a la que se sumaron “motivos laborales”, ya no pudo pagar la cuota mensual que tenía comprometida con el banco. Aun así, obtuvo la “suspensión del lanzamiento de la vivienda hasta el 15 de mayo de 2020 y la posterior prórroga de la misma hasta mayo de 2024”, recoge el atestado policial. Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirman que el denunciante la tiene concedida al ser considerado “persona vulnerable”.

El abogado que está defendiendo a Modou en esta causa, Carlos Castillo Solano, explica que esta decisión administrativa acarrea que su cliente pueda residir en la vivienda en la que se encuentra hasta que venza la prórroga. El letrado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales detalla que la moratoria permite que se proteja a “aquellas personas que firmaron una hipoteca y que son vulnerables” para que no se queden “de patitas en la calle”, aunque “los procedimientos de ejecución hipotecaria puedan continuar y las viviendas puedan cambiar de titularidad”.

A pesar de que entregó esta documentación a los trabajadores de Bastión Desokupación, los denunciados –según la declaración de Modou en el juzgado – “le dijeron al declarante que los documentos que mostraba eran falsos y que tenían que abandonar la vivienda o firmar un documento con una fecha para abandonarla”. Los demandados confirmaron que el propietario de Bastión Desokupación revisó un documento y que avisaron a la Policía “con el objetivo de verificarlo”, al observar que no había “firma ni formalidades judiciales en el mismo”. 

El inquilino espera que tras la declaración de los denunciantes el caso siga adelante. Defiende que la actuación denunciada “es una intimidación”, que ha tenido consecuencias para sus hijos más mayores. Estos jóvenes presenciaron los hechos. “Están asustados porque llevan poco tiempo en España. Tienen miedo. Yo les digo que no volverán a entrar”, apunta el entrevistado.

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