Colectivos animalistas y la Asociación de Circos Reunidos de España contrapusieron ayer sus posturas ante la prohibición de circos con animales salvajes en cautividad, así como las atracciones de feria giratorias con animales vivos y atados, que prevé una ley autonómica en trámite parlamentario. Se trata del proyecto de Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, en período de comparecencias en la Comisión correspondiente tras superar su debate de totalidad.
La Asociación Infocircos y la Federación de Protectoras de Animales de Extremadura (FEPAEX) exigen que se prohíba la instalación de circos con animales y los carruseles de ponis. Según el representante de Infocircos, Alberto Díez, los circos itinerantes no ofrecen a los animales salvajes las condiciones adecuadas para garantizar su bienestar animal ni permiten el desarrollo de sus instintos naturales. En su opinión, estos deberían «reciclarse» porque el uso de los animales salvajes «tiene los días contados».

La presidenta y la secretaria de FEPAEX, María de los Ángeles Gómez Salpico y Olga Lama, respectivamente, exigieron además la prohibición de los carruseles de ponis -que pueden ser sustituidos por simuladores de «cartón o peluche»-, ante el «daño físico y psicológico» que sufren y en aras de fomentar una relación «de respeto y dignidad» con los animales.
En el lado contrario se sitúa la Asociación de Circos Reunidos de España, cuyo secretario, David Arranz, defendió que cumplen la normativa de bienestar animal, algo que se comprueba con «numerosos controles», y criticó el «agravio comparativo» que supone prohibir que tengan espectáculos de animales salvajes frente a otras actividades como las carreras de caballos y competiciones de perros.

Así mismo, lamentó que no se respete la «presunción de inocencia» y se les acuse de «maltrato animal» cuando, salvo algunas excepciones, los animales de los circos, que «han nacido en cautividad durante bastantes generaciones y han sido adiestrados», reciben buenos cuidados y forman parte de «nuestra familia».
OCIO // La Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas también busca conciliar la importancia social del ocio y su trascendencia económica con el respeto al derecho al descanso, la seguridad y la salubridad pública. En este sentido, el presidente de la Asociación Regional contra el Ruido de Extremadura, José María Iglesias, reclamó ayer que la norma obligue a los ayuntamientos al cumplimiento de lo ya fijado en la ley nacional contra el ruido, pues la «ignoran».
Iglesias pidió una medición eficaz de decibelios y aseguró que las zonas de ocio nocturno deberían salir de las zonas residenciales