La vocal de Movilidad de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, Tania Cortés, se mostró ayer «totalmente de acuerdo» con la propuesta de Grande-Marlaska, pero fue más allá al pedir «un número identificativo y registro de bicis, patinetes y demás vehículos similares». Cortés aseguró que llevan pidiendo más control sobre este tipo de aparatos desde que comenzaron las mesas de la movilidad, allá por 2015, y que han ampliado su reclamación a los vehículos de movilidad personal que tanto se están popularizando por las calles de Valencia y de otras ciudades españolas.

Sin embargo, las asociaciones ciclistas se mostraron sumamente contrarias a que la Dirección General de Tráfico obligue a llevar seguro a los conductores de bicis y patinetes. El portavoz de València en Bici, Fernando Mafé, tildó la propuesta de «metedura de pata del ministro». «Son cosas repentinas que salen de vez en cuando y en otros sitios ni siquiera se plantea el debate», comentó Mafé, que opinó que España es un país «donde las empresas aseguradoras pueden tener mucho mercado». El portavoz de la entidad ciclista recordó que las ciudades no pueden exigir el seguro. En todo caso, sería la DGT la que mediante una norma de rango superior podría imponerlo. Mafé se reconoció «sorprendido» por el anuncio y confirmó que el ministro no habló de la propuesta con nadie del Pacto Estatal por la Bicicleta. Teme que la obligatoriedad de llevar seguro, además de que sería el único país de Europa que forzaría a contratarlo, pueda desincentivar el uso de la bicicleta en entorno urbanos, «cuando lo que hay que hacer es incentivarque la gente coja la bicicleta y se reduzca así la contaminación».
En esa idea coincide con Manuel Martín, portavoz de ConBici. Él ahondó en la idea de que cualquiera tiene un seguro a terceros o de responsabilidad civil, en el que se cubre «al titular y a toda su familia». «Es una propuesta que puede hacer mucho daño y debería replanteárselo», dijo Martín, que insistió en que comprarse una bicicleta «tiene muchas ventajas» y calificó los accidentes provocados por ciclistas como «nimiedades»: «No hay accidentes causados por bicicletas». Además, afeó al ministro que, en su opinión, legisle «a golpe de accidente», dado que el anuncio llegó el mismo día en que una mujer falleció en Cataluña tras ser golpeada por un camión mientras circulaba en su patinete eléctrico.
No es la primera vez que el sector ciclista se rebela contra decisiones, planes o ideas que plantea el Ministerio del Interior. En 2013, un globo sonda enviado por la DGT soliviantó tanto a las asociaciones ciclistas que finalmente Interior dio marcha atrás y únicamente obliga a llevar casco en entornos urbanos si el ciclista es menor de 16 años. De nuevo, las entidades de la bicicleta argumentaron que la obligatoriedad de llevar casco desincentivaría que alguien cogiera una bicicleta para circular por las ciudades y que en ningún país es obligatorio.